Durante los primeros seis meses del año, 299 personas que cometieron diversas faltas a los reglamentos en la capital queretana realizaron un total de 2 mil 58 horas de trabajo comunitario, como parte de las sanciones determinadas por jueces cívicos.
Los infractores participaron en 37 jornadas destinadas a la recuperación de 18 espacios públicos, donde efectuaron labores de limpieza, deshierbe, reparación y pintura, entre otras actividades en beneficio de la comunidad.
Esta medida se encuentra establecida en el Reglamento de Justicia Administrativa del Ayuntamiento de Querétaro, específicamente en el capítulo de Sanciones Administrativas y Medidas Correctivas, artículo 33. La normativa contempla sanciones de hasta 36 horas de arresto y hasta 18 horas de trabajo a favor de la comunidad, dependiendo de la falta cometida.
Entre las conductas contempladas se encuentran aquellas relacionadas con la alteración del orden público, faltas contra la salud, infracciones de tránsito y afectaciones al patrimonio privado y público, así como aquellas que atentan contra la seguridad personal, entre otras.
Alcohol y desobediencia, entre las faltas más frecuentes
Durante el primer semestre del año, las faltas administrativas que se presentaron con mayor frecuencia fueron el consumo de bebidas alcohólicas y/o sustancias tóxicas en la vía pública, la desobediencia a la autoridad, la portación de instrumentos para el consumo de sustancias prohibidas y la conducción de automóviles en estado inconveniente.
Las personas involucradas fueron remitidas al Juzgado Cívico, instancia en la que se determinó su situación jurídica y las sanciones correspondientes en cada caso.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal señaló, mediante un comunicado, que el trabajo comunitario constituye una herramienta para contribuir a la restauración del tejido social y generar conciencia sobre las conductas que pueden afectar a otras personas.
De acuerdo con la dependencia, este tipo de sanciones fortalece la corresponsabilidad ciudadana, favorece la reparación del tejido social y permite la reintegración de las personas infractoras mediante actividades en beneficio de la comunidad.
Asimismo, destacó que las jornadas contribuyen a recuperar espacios públicos, fortalecer la proximidad entre autoridades y ciudadanos y prevenir que los conflictos entre vecinos puedan derivar en conductas de riesgo o hechos constitutivos de delito.